La Contraloría General de la Nación consideró inoportunas e innecesarias las medidas propuestas por el Ministerio de Minas y Energías para reducir las tarifas de energía en la región Caribe.
En el Decreto contenido en la Ley 142 de 1994 sobre servicios domiciliarios y la Ley 143 de 1994 (ley eléctrica), se establecieron algunos procedimientos para que las empresas de servicios públicos realizaran alertas e investigaciones cuando se registren desviaciones por encima o por debajo de los promedios.
Los proyectos que proponen son la “revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias en cumplimiento de los principios tarifarios, la publicación y divulgación a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de Cargo por Confiabilidad, y la priorización de conexiones a proyectos de generación”, sin embargo, la contraloría afirma que estas funciones ya las realizan instituciones como la CREG, XM y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Además, la Contraloría expone que son decisiones que ya se debían estar adelantando por parte del Gobierno Nacional, pues estiman iniciar el proyecto dentro de 3 o 6 meses, lo que el ente de control denominó procrastinación.
También, advirtió que es urgente la elección de los seis comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, pues hasta el momento solo se han definido dos, de los cuales uno no cumple con los requisitos. Se trata Jorge Alberto Morales quien tendría inhabilidad por su edad y por estar pensionado.
La Contraloría, espera que los programas para la Transición Energética se lleven a cabo pronto “sin que se afecten las Finanzas Públicas y la Seguridad Energética del País”, pues se están a la expectativa desde octubre del 2023.
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