En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Bello devolver 89 mil millones de pesos a EPM. El dinero hace parte del pago de plusvalía de la empresa de servicios públicos por el lote donde fue construida la planta de aguas residuales «Aguas Claras».
En el fallo, el Alto Tribunal considera que el municipio de Bello configuró el silencio administrativo al no responder un recurso interpuesto por EPM. Contra el fallo ya no procede ningún recurso. Ni Bello ni EPM se han pronunciado pues aseguran, no se han notificado.
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