Con la decisión presidencial de suspender el cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo, el camino que le queda es el acogimiento a la ley penal.
La suspensión del decreto presidencial 2658, habla del protocolo para el cese bilateral al fuego con la estructura ilegal Clan del golfo, tiene implicaciones jurídicas y le deja un camino, el sometimiento a la ley penal.
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La comunidad del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia temen por una amenaza más fuerte de los grupos ilegales tras el anuncio de ordenar a la Fuerza Pública un despliegue ofensivo.
Por su parte las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, han manifestado a través de su abogado que no tienen responsabilidad en los ataques que se han presentado durante el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño.
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