El fallo judicial dejó al descubierto la red de complicidades que funcionaba dentro de los pabellones para burlar los controles
Un juez colombiano sentenció a 21 años de cárcel a Hernán, antiguo líder paramilitar conocido como alias «Taladro», «El Patrón» o «El Señor de la Sierra». La decisión se tomó cinco años después de que Giraldo volviera al país tras cumplir una condena en Estados Unidos.
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La justicia lo halló responsable de delitos de abuso y explotación sexual de menores de edad cometidos en centros penitenciarios de Colombia, entre ellos el penal de La Ceja, Antioquia, además de cárceles en Itagüí y Barranquilla, durante los años en que estuvo recluido antes de su extradición.
Un juzgado de Santa Marta determinó la responsabilidad del exjefe paramilitar en hechos ocurridos entre 2004 y 2006 contra tres menores de 11 y 12 años, calificando las agresiones sexuales, la trata de personas, el aborto forzado y la tortura como delitos de lesa humanidad. Según la investigación, Giraldo Serna habría aprovechado su poder para obligarlas a permanecer en sus propiedades, someterse a labores de servidumbre y trasladarse cada semana a penales de Medellín, Itagüí y Barranquilla con la ayuda de terceros que permitían su ingreso.
De acuerdo con la información judicial, el plan involucraba a uno de los hijos del sentenciado y a una mujer identificada como Noralba, quienes se encargaban de buscar a las menores y llevarlas a los centros de reclusión. Para lograr el ingreso, las hacían pasar por amigas o ahijadas del exjefe paramilitar, contando con la colaboración de personal de custodia penitenciaria.
Las investigaciones señalan que las familias que se negaban recibían amenazas contra su vida, y que las prácticas continuaron mediante el envío de material fotográfico incluso cuando Taladro se encontraba en prisión en Estados Unidos.
El expediente señala que las acciones del excomandante del Bloque Resistencia Tayrona ocurrieron tanto antes de su envío a Norteamérica como en su paso por diferentes establecimientos carcelarios del país. Tras su retorno a territorio colombiano en 2021, entidades investigativas solicitaron nuevas sanciones penales para esclarecer estos hechos.
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Adicionalmente, el nombre de Hernán figuró en la resolución 453 de 2024 emitida por el gobierno de Petro, mediante la cual fue designado como gestor de paz junto a otros exintegrantes de grupos armados con el propósito de participar en acercamientos institucionales.
