El paquete establece una adición de 8,68 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026
Mientras miles de familias siguen lidiando con las lluvias, las inundaciones y los daños en varias regiones del país, el Gobierno de Gustavo Petro volvió a mover la chequera y expidió siete nuevos decretos de emergencia económica, social y ecológica. La decisión no solo incluye una millonaria adición presupuestal, sino también más cargas tributarias para conseguir la plata con la que piensa atender la crisis.
El paquete establece una adición de 8,68 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026. De ese monto, la mayor tajada se la queda la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que manejará 6,34 billones para coordinar la atención, la recuperación temprana y la rehabilitación de infraestructura golpeada por la temporada invernal.
También se repartieron recursos a otras entidades. El Ministerio de Hacienda recibirá 878.587 millones de pesos para proyectos de agua potable y saneamiento básico, mientras que el sector salud tendrá 455.271 millones para reparar hospitales afectados y atender enfermedades asociadas a las inundaciones. Prosperidad Social contará con 408.560 millones para ayudas sociales, el ICBF con 280.000 millones para atender población vulnerable y el Ministerio de Defensa con 253.994 millones para búsqueda, rescate y otras labores en medio de la emergencia.
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A eso se suman 30.800 millones de pesos para Bomberos, 20.000 millones para la Defensa Civil y 5.900 millones para la Policía Nacional. Según lo anunciado, también habrá plata para recuperación agrícola, reparación de viviendas, alivios en tierras, reasentamiento de familias, infraestructura educativa y reconstrucción de vías y puentes destruidos por las lluvias.
Pero el punto que más ruido genera es otro: para financiar estas medidas, el Gobierno decidió apretar nuevamente por el lado de los impuestos. Uno de los cambios es mantener en 19% el impuesto a los juegos de suerte y azar en línea, una tarifa más alta de la que se había planteado en un principio. Además, se abrió una especie de amnistía tributaria con impuesto de normalización del 19% para quienes declaren activos ocultos o bienes no reportados.
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La lista no para ahí. El impuesto al patrimonio también se amplía y ya no solo golpeará a empresas colombianas, sino que ahora alcanzará a sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras con patrimonios superiores a 10.400 millones de pesos. En otras palabras, el Ejecutivo vuelve a buscar más recaudo en medio de una economía que sigue presionada.
Otro de los decretos autoriza transferencias monetarias extraordinarias para familias damnificadas. Prosperidad Social será la entidad encargada de manejar estos apoyos, que además incluirían ayudas alimentarias, suministro de agua segura y respaldo temporal para recuperar medios de vida y unidades productivas. Sin embargo, todavía no está claro cuánto recibirá cada hogar ni cuántos beneficiarios entrarán finalmente al programa.
El Gobierno también anunció créditos de emergencia para empresas afectadas, especialmente micro, pequeñas y medianas, con tasas compensadas cercanas a cero a través de entidades financieras públicas. A esto se suma un acuerdo con el sector bancario para refinanciar deudas de personas y negocios ubicados en zonas golpeadas por la emergencia, dentro de la estrategia llamada “Abrigo”.
Esta nueva emergencia no es la misma que el Gobierno había intentado mover antes por la crisis fiscal y que terminó frenada por la Corte Constitucional. Ahora el argumento oficial son las graves afectaciones provocadas por la ola invernal. Aun así, la nueva respuesta del Ejecutivo vuelve a dejar sobre la mesa la misma discusión de siempre: más decretos, más plata pública y más impuestos.
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