La situación más crítica se ha vivido en El Bagre, donde por segundo día consecutivo fue necesario extender el toque de queda
Mientras persiste la tensión por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, crece la expectativa por la reanudación de las conversaciones entre la Mesa Minera y el Gobierno nacional, previstas para la mañana de este jueves en el campus de la Universidad de Antioquia, en Caucasia. En ese nuevo encuentro, las partes buscarán avanzar en 13 de los 20 puntos que aún siguen pendientes dentro del pliego de peticiones.
Uno de los temas más sensibles dentro de la discusión tiene que ver con los operativos de la fuerza pública contra maquinaria vinculada a procesos de minería informal, asunto que ha sido señalado como una de las principales causas de la movilización social que comenzó el pasado 16 de marzo. Desde la Mesa Minera insisten en que ese punto debe ser tratado directamente con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al considerar que las decisiones no pueden seguir quedando sujetas a nuevas consultas en Bogotá.
En medio de ese panorama, los gobiernos Nacional y de Antioquia anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables de los actos vandálicos registrados durante las protestas. La medida se concentra en hechos ocurridos en Caucasia, El Bagre, Jardín y Cáceres, municipios donde las alteraciones del orden público han afectado la movilidad y la tranquilidad de miles de habitantes.
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La situación más crítica se ha vivido en El Bagre, donde por segundo día consecutivo fue necesario extender el toque de queda. Allí también se reportaron bloqueos viales y saqueos a supermercados de cadena. A esto se suma lo ocurrido en Zaragoza, sobre la vía que conecta a Caucasia con Segovia, donde manifestantes bloquearon el corredor y obligaron a retroceder a la Policía durante un intento por restablecer el tránsito.
Las autoridades también expresaron preocupación por el aumento en los niveles de confrontación, debido al uso de artefactos improvisados contra miembros de la fuerza pública. Según los reportes, algunas personas habrían utilizado tubos adaptados con voladores, similares a bazucas artesanales, para lanzar ataques a distancia contra los uniformados.
Pese a la gravedad de los hechos, voceros mineros aseguraron que desde la Mesa no se han promovido acciones violentas. Sin embargo, denunciaron incumplimientos en acuerdos previos y supuestos abusos por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, confirmaron que las movilizaciones continuarán bajo la figura de caravanas pacíficas, con Caucasia como principal punto de concentración.
Frente a la crisis, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que tanto el Ejército como la Policía permanecerán en la zona para restablecer el orden público y pidió a la Fiscalía avanzar en la judicialización de los responsables. De manera paralela, el Ministerio de Transporte anunció acciones urgentes para proteger el transporte de carga en los corredores más afectados, con apoyo del Ministerio de Defensa, unidades especiales y drones, luego de que al menos cinco tractocamiones fueran incinerados en menos de 24 horas.
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