La Unidad para las Víctimas entregó dotaciones en La Granja (Ituango) y Fraguas–Machuca (Segovia) para recuperar prácticas campesinas y fortalecer el tejido social
Con una inversión de $232 millones la reparación colectiva de las víctimas del conflicto armado en Antioquia continúa avanzando con la entrega de herramientas destinadas a fortalecer la agricultura y las actividades comunitarias en los corregimientos La Granja, en Ituango, y Fraguas–Machuca, en Segovia, dos territorios profundamente afectados por la violencia.
La Unidad para las Víctimas, con el apoyo de las alcaldías municipales, invirtió cerca de 232 millones de pesos en dotaciones que llegaron esta semana a estas zonas rurales apartadas. El objetivo es recuperar prácticas sociales y comunitarias debilitadas por el conflicto armado.
de Ituango y Segovia
Los kits entregados incluyen palas, almadanas, azadones, carretas, picas, barras, machetes, hachas, motosierras y guadañadoras, herramientas fundamentales para el trabajo agrícola y las labores comunitarias.
Mientras organizaba la distribución hacia las veredas, el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Granja, Alexander Chavarría Montoya, explicó que: «Estos implementos beneficiarán a centenares de familias de nueve veredas, permitiendo rescatar la tradición de los convites comunitarios. Estas jornadas colectivas permiten arreglar caminos, mejorar viviendas y escuelas, así como fortalecer los cultivos».
El líder comunitario también destacó que la reparación colectiva ha avanzado en los últimos años con proyectos productivos de ganadería y café, además de atención psicosocial y obras comunitarias.
Las herramientas fueron entregadas a las Juntas de Acción Comunal de 14 veredas en La Granja y Fraguas–Machuca, algunas ubicadas en zonas de difícil acceso, a varias horas de camino.
Según la directora territorial en Antioquia de la Unidad para las Víctimas, Maribel de la Valvanera López Zuluaga, «Estas acciones hacen parte de la implementación de los planes de reparación colectiva, orientados a renovar los vínculos comunitarios y resarcir los daños ocasionados por la violencia en los territorios y sus organizaciones sociales».
Las comunidades de estos corregimientos han sido priorizadas debido a que más del 90 % de sus habitantes resultaron afectados por masacres perpetradas por grupos armados ilegales en 1996 y 1998, así como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y confinamientos.
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