Claudia Carrasquilla advierte colapso del proceso de paz tras retiro de vocero en la cárcel La Paz
Freyner Alfonso, alias “Carlos Pesebre”, presentó su renuncia irrevocable como vocero principal de la mesa de diálogo que se desarrolla en la cárcel La Paz de Itagüí, advirtiendo que el espacio está estancado, sin asesoría profesional y sin garantías reales para los participantes ni para sus familias. En una carta fechada el 31 de enero, dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, Pesebre denunció irregularidades graves que ponen en riesgo la credibilidad y la seguridad del proceso.
“Lo que hoy se conoce no lo dice la oposición, lo dice uno de los propios voceros del proceso. Alias ‘Carlos Pesebre’ deja la mesa denunciando improvisación, falta de garantías y procesos penales activos. Exactamente lo que advertimos: esta ‘paz urbana’ fue un engaño y nunca ofreció seguridad jurídica real”, afirmó Carrasquilla.
El cabecilla aseguró que los nuevos procesos penales en su contra y la falta de blindajes jurídicos evidencian la improvisación del Gobierno, mientras las comunidades que confiaron en el diálogo quedaron desprotegidas. La misiva también subraya la informalidad con que se manejaron los acuerdos, dejando al descubierto la fragilidad del esquema de paz urbana en Medellín.
La concejala Claudia Carrasquilla señaló que la salida de ‘Carlos Pesebre’ confirma lo que venía advirtiendo: la paz urbana no cumplió con las garantías mínimas, y las autoridades responsables, incluido el Alto Comisionado y la senadora Isabel Zuleta, aún guardan silencio. Según Carrasquilla, la situación evidencia que la seguridad de Medellín se ha politizado y que el proceso carece de transparencia y control.
“Mientras incumplen, Isabel Zuleta, por ejemplo, persigue a la Fuerza Pública y pretende desacreditar operativos legítimos, el propio proceso se les está desmoronando por dentro. Esto no es paz, es improvisación y uso político de la seguridad de Medellín”, agregó la concejala.
El retiro del vocero plantea preguntas urgentes sobre la legalidad y la responsabilidad de quienes lideran la mesa de diálogo. Carrasquilla pidió a la Fiscalía y a los organismos de control revisar las denuncias, evaluando los riesgos y las fallas de un modelo que prometía seguridad jurídica pero terminó generando más incertidumbre.
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