La investigación busca establecer si cuatro propiedades del cantante fueron adquiridas con recursos del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia
La Fiscalía General de la Nación ocupó cuatro bienes del cantante colombiano Charlie Zaa, avaluados en más de $45.467 millones, como parte de una investigación que busca esclarecer si fueron adquiridos con recursos provenientes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De acuerdo con el ente acusador, las medidas de extinción de dominio recaen sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).
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La investigación apunta a que el excomandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, conocido con el alias de Daniel, habría utilizado terceros para invertir dinero de origen ilícito en diferentes propiedades, con el propósito de ocultar su procedencia.
El proceso judicial comenzó en julio de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó las primeras medidas cautelares sobre bienes vinculados al artista dentro de un proceso de extinción de dominio. Desde entonces, la Fiscalía ha sostenido la hipótesis de que estos inmuebles pudieron ser adquiridos con recursos del grupo paramilitar y posteriormente utilizados para el lavado de activos.
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Las indagaciones surgieron a partir de testimonios entregados por exintegrantes del Bloque Tolima en diligencias de la Ley de Justicia y Paz. Según esas declaraciones, Charlie Zaa, cuyo nombre de pila es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, habría sido la «cara visible» de algunos bienes relacionados con alias Daniel, fallecido en 2009.
Tras conocerse la investigación, el cantante rechazó los señalamientos y pidió que se respetara su presunción de inocencia. En su momento aseguró que su patrimonio es producto de más de 30 años de trayectoria artística y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades con el fin de demostrar el origen legal de sus bienes.
El proceso continúa en etapa de investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la extinción definitiva de los bienes.
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