Se le dictó la prohibición explícita de llevar a cabo cualquier clase de negocio o transacción inmobiliaria
En un contundente esfuerzo interinstitucional, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional anunciaron la captura de un individuo conocido con el alias de “El Brother”. Este sujeto es el presunto cabecilla de una organización que, durante un quinquenio, se dedicó a la promoción y venta de loteos ilegales en el sector de San Antonio de Prado.
El detenido, quien presuntamente se arrogaba una falsa identidad de líder social y comunitario, está sindicado de haber impulsado la parcelación irregular de cerca de 100 lotes. Lo más grave es que estos terrenos se encontraban situados en zonas declaradas como de protección ambiental, causando un severo impacto ecológico y afectando el patrimonio de numerosas familias con recursos limitados.
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Según detallaron las autoridades, esta estructura delictiva habría seducido y defraudado a un mínimo de 37 víctimas identificadas, capitalizando la necesidad de una vivienda propia. Se calcula que, mediante la comercialización fraudulenta de estos predios no edificables, la red habría acumulado ganancias ilícitas que ascienden a cerca de $1.240 millones de pesos.
Tras ser presentado ante la justicia, un juez de control de garantías validó el procedimiento de captura e impuso a “El Brother” una medida de aseguramiento domiciliario. Además, se le dictó la prohibición explícita de llevar a cabo cualquier clase de negocio o transacción inmobiliaria.
Este operativo representa un hito crucial en la batalla contra el desarrollo urbanístico clandestino. Las instituciones reiteraron su firme compromiso con la protección de los cerros tutelares, la salvaguarda del ecosistema y, fundamentalmente, la defensa de las familias más vulnerables de ser explotadas por criminales que lucran con sus aspiraciones de tener casa propia.
Las autoridades anticiparon que esta es la primera de una serie de acciones planificadas para prevenir la depredación del suelo urbano y rural, y para evitar que la ciudadanía sea víctima de este tipo de engaños inmobiliarios.
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