María Fernanda Cabal lleva a la Corte Constitucional el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro
La senadora María Fernanda Cabal presentó ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica y social en el país. La congresista solicitó al alto tribunal revisar la legalidad de la medida adoptada por el Ejecutivo tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
“La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el fracaso de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles”, señaló Cabal.
De acuerdo con la acción radicada, el decreto no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Constitución Política, que regula el uso de los estados de excepción. Cabal expuso que la emergencia económica debe sustentarse en hechos sobrevinientes e imprevisibles, condición que, según su argumento jurídico, no se evidenciaría en la decisión del Gobierno.
La senadora sostuvo que el Ejecutivo estaría recurriendo a esta figura constitucional luego de no lograr respaldo legislativo para su propuesta fiscal, lo que abre un debate sobre el alcance de las facultades extraordinarias del presidente y el papel del Congreso en la toma de decisiones económicas. El recurso busca que la Corte determine si el decreto se ajusta al marco constitucional vigente.
En el documento presentado, Cabal planteó que los problemas fiscales del Estado no pueden ser abordados mediante decretos de emergencia cuando han sido previamente discutidos en el escenario legislativo. La acción también plantea interrogantes sobre el impacto de las medidas derivadas del decreto en la economía nacional y en las decisiones presupuestales del Gobierno.
Con esta demanda, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la validez del Decreto 1390 de 2025 y definir si la declaratoria de emergencia económica se ajusta a los límites constitucionales. El fallo que se emita marcará el rumbo jurídico del decreto y el alcance de las decisiones adoptadas bajo este estado de excepción.
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