El futuro de 17.000 personas bajo custodia pende de un proyecto estancado en el Congreso
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) emitió un fuerte llamado al Gobierno nacional para que atienda, de forma prioritaria, el tema de la alimentación de personas privadas de la libertad que se encuentran bajo custodia en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
La solicitud fue presentada durante el III Encuentro de Secretarios de Seguridad, Interior y Gobierno, celebrado en Bogotá, donde se advirtió sobre el inminente vencimiento del esquema actual de alimentación, cuya responsabilidad asumió el Ministerio de Justicia hasta el 30 de junio de 2025.
Asocapitales instó al Ejecutivo a dar mensaje de urgencia al proyecto de ley que busca prolongar este servicio, advirtiendo que, sin su aprobación, la alimentación de estas personas quedaría en manos de alcaldías y gobernaciones, sin recursos ni lineamientos claros.
En 2023, más de 17.000 personas fueron contabilizadas en estos centros de detención transitoria, y se destinaron más de $92 mil millones solo para su alimentación. Para 2024, el presupuesto nacional proyectado para todo el sistema carcelario y de detención asciende a más de $670 mil millones.
La ley vigente, aprobada en diciembre de 2023, fue una respuesta temporal a un fallo de la Corte Constitucional de 2022 que responsabilizó a los entes territoriales de asumir esta función a futuro.
Las ciudades capitales, preocupadas por la posible desatención de un derecho fundamental, piden al Congreso agilizar el trámite legislativo para evitar un vacío operativo que pondría en riesgo a miles de personas detenidas, así como a las autoridades encargadas de su custodia.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) May 28, 2025
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