Cronología del caso de los contratos irregulares con los bomberos de Itagüí
La Fiscalía General de la Nación reconstruyó una presunta cadena de irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) que se habría desarrollado entre los años 2020 y 2023, periodo en el cual se firmaron seis contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por un valor superior a los 18.600 millones de pesos.
Según la investigación, los convenios fueron suscritos bajo la figura de contratación directa para actividades relacionadas con apoyo a la gestión ambiental y atención de emergencias. Sin embargo, los fiscales señalaron que los procesos no contaron con estudios de mercado que permitieran verificar si los valores pactados eran acordes con los precios reales, lo que habría facilitado la existencia de presuntos sobrecostos.
Uno de los puntos centrales del caso es que, de acuerdo con el ente acusador, la contratación fue direccionada de manera reiterada hacia una sola entidad, con el argumento de que era la única capaz de prestar los servicios requeridos. Esta práctica habría desconocido los principios de pluralidad de oferentes y transparencia establecidos en la Ley 80 de contratación pública.
La Fiscalía también sostiene que varios bienes y servicios incluidos en los contratos no fueron entregados en su totalidad o se pagaron por montos superiores a su valor real. Para justificar los cobros, se habrían utilizado facturas, órdenes de pago y otros documentos que posteriormente fueron cuestionados por presunta falsedad.
En octubre de 2025 se produjo un primer avance judicial con la captura de exdirectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y funcionarios relacionados con la supervisión de los contratos. Algunos de ellos fueron dejados en libertad tras las audiencias preliminares, mientras la investigación continuó su curso.
Finalmente, en enero de 2026 se dio inicio a la audiencia de imputación formal contra el exdirector del AMVA, Juan David Palacio, así como contra exsubdirectoras ambientales y un excontador de los bomberos, a quienes la Fiscalía imputó delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Durante la diligencia judicial se reveló que, según la hipótesis del ente investigador, el presunto esquema solo pudo mantenerse por la intervención coordinada de varios funcionarios, quienes habrían omitido sus deberes de control y vigilancia, permitiendo el desvío de recursos públicos destinados a la gestión ambiental y la atención de emergencias en el Valle de Aburrá.
El proceso continúa en etapa de imputación, mientras se define si los implicados aceptan los cargos o enfrentan un juicio penal.
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