La diligencia, donde la Fiscalía atribuirá delitos de peculado e interés indebido, fue reprogramada para el 25 de agosto
La comparecencia ante los estrados judiciales de Miguel Quintero Calle, hermano del actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, sufrió un aplazamiento. Aunque el proceso estaba fijado para el próximo 3 de agosto, el juzgado a cargo reprogramó la audiencia de imputación de cargos para el martes 25 de agosto a las 2:10 p.m.
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Junto a Quintero Calle deberán asistir Vanesa Álvarez Restrepo, Álvaro Alonso Villada García y Sebastián Ortega Urán. A los cuatro procesados, el ente acusador les imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, para luego solicitar ante el juez una medida de aseguramiento.
Los señalamientos y el entramado
El expediente indaga supuestas irregularidades ocurridas entre 2020 y 2023, período en el que Juan David Palacio Cardona ejercía como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Según la hipótesis de los investigadores, Miguel Quintero habría influido de forma indebida —sin ser servidor público— para direccionar ocho convenios que suman cerca de $15.000 millones en favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La causa salpica en total a doce personas con diferentes estatus procesales, reuniendo testimonios clave de implicados que decidieron colaborar con las autoridades para esclarecer la maniobra contractual y el destino final de los dineros públicos.
Avances judiciales, condenas y delaciones
El proceso ya cuenta con su primera sentencia condenatoria. Se trata de Juan Alberto Cardona Henao, excontador y tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien fue penalizado a 19 meses de prisión por el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín tras pactar un preacuerdo con la Fiscalía. Cardona aceptó haber falsificado 15 documentos —entre soportes y cuentas de cobro— para justificar bienes y servicios inexistentes, dando apariencia legal a los giros del Área Metropolitana.
Adicionalmente, el organismo investigador otorgó principios de oportunidad a María Yaneth Rúa García y Misael Alberto Cadavid Jaramillo, quienes entregan datos sobre la operatividad de la red. A estos aportes se suma la declaración de otro procesado vinculado a un expediente paralelo, insumos con los que la Fiscalía busca blindar la acusación por este caso de presunta corrupción regional.
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