Un informe del IPC confirma que la crisis humanitaria en el departamento no solo persiste: está empeorando.
La situación de seguridad en Antioquia está viviendo uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Así lo muestra el nuevo informe del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que deja en evidencia una tendencia que preocupa a organizaciones sociales y entidades del Estado: más violencia, más territorios bajo amenaza y más comunidades atrapadas en medio del conflicto.
Uno de los datos que más alarma es el incremento de las masacres. Hasta noviembre de 2025, el departamento suma 12 casos con 40 víctimas, superando los registros del año pasado. En otras palabras, casi una de cada cinco masacres del país ocurre en Antioquia. Un comportamiento que para los analistas del IPC confirma que varios municipios siguen bajo una presión armada que no cede.
El panorama de homicidios tampoco brinda alivio. El informe identifica 13 municipios en situación crítica y alerta sobre un dato especialmente doloroso: 180 líderes sociales asesinados en lo que va del año, una cifra que ya supera la de 2024. Las organizaciones advierten que esta tendencia tiene un efecto devastador: comunidades enteras quedan sin sus voceros y sin quienes históricamente han denunciado abusos o exigido presencia del Estado.
A esto se suma el desplazamiento forzado, una herida que el departamento no logra cerrar. El IPC registró nueve desplazamientos masivos y nueve confinamientos, especialmente en el norte y el Bajo Cauca, dos subregiones donde varias comunidades han tenido que abandonar sus casas para evitar quedar en medio de enfrentamientos o retaliaciones.
El informe también detalla el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales. Las disidencias de las FARC, frentes 36, 18 y 34, están activas en al menos 17 municipios, mientras que el Clan del Golfo, con 12 estructuras en operación, mantiene una presencia aún más extendida que abarca más de 90 municipios. Para el IPC, estas dinámicas explican por qué persisten las amenazas, los reclutamientos y las restricciones de movilidad en diferentes zonas del departamento.
Durante la presentación del documento, la Defensoría del Pueblo recordó que ha emitido varias alertas tempranas por el incremento del riesgo, especialmente a las puertas del proceso electoral de 2026.
El organismo advirtió que, sin medidas urgentes, el escenario podría empeorar para las poblaciones más vulnerables.
La Fundación Sumapaz también se sumó a las advertencias y lanzó una frase que retumba: “Antioquia sigue siendo el segundo departamento más peligroso para defender los derechos humanos”.
La organización insistió en que las agresiones continúan siendo constantes en territorios marcados por la disputa armada, las economías ilegales y la ausencia de oportunidades.
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