Durante el operativo fueron halladas 30 aves y una tortuga morrocoy con signos de desnutrición y estrés, causadas por el cautiverio
Un total de 30 aves silvestres y una tortuga morrocoy fueron rescatadas durante un operativo conjunto realizado en una vivienda de Medellín, donde permanecían en cautiverio en condiciones que comprometían gravemente su bienestar.
La intervención fue desarrollada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, el Ejército Nacional y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Luego de una valoración inicial, los especialistas encontraron que varios de los animales presentaban sobrecrecimiento de pico y uñas, pérdida de plumaje, deficiencias nutricionales y signos de estrés crónico derivados del cautiverio. En el caso de la tortuga morrocoy, se evidenció una deformación en el caparazón y síntomas asociados a una enfermedad metabólica ósea.
Entre las especies recuperadas se encuentran turpiales, cardenales guajiros, sinsontes, tángaras reales, loros frentiamarillos y azulejos comunes, aves que suelen ser víctimas del tráfico ilegal por el colorido de su plumaje y su canto. Algunas de ellas están catalogadas como vulnerables, por lo que enfrentan un alto riesgo de desaparecer de su hábitat natural.
«Algunas de estas especies incautadas se encuentran catalogadas como vulnerables, quiere decir que presentan un riesgo alto de desaparición de la naturaleza, por presiones como pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal», señaló Álvaro Zapata, líder de vigilancia ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Los animales fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), donde recibirán atención especializada para determinar si pueden ser rehabilitados y regresar a su entorno natural.
En lo corrido de 2026, las autoridades han rescatado 654 aves silvestres en el Valle de Aburrá. Desde 2024, la cifra supera las 2.500 aves, lo que evidencia que el tráfico ilegal de fauna continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad de la región. Además, las autoridades recordaron que estos delitos pueden acarrear penas de entre cinco y once años de prisión, además de multas económicas.
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