El excanciller del gobierno Petro, Álvaro Leyva enfrenta juicio ante la Corte Suprema tras ser señalado de obstruir ilegalmente una licitación de 559.000 millones de pesos, y ya carga con destitución e inhabilidad de 10 años
Este jueves 23 de abril se cumplió la audiencia de formulación de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardilla. La Fiscalía lo señala como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, por haber expedido tres actos administrativos contrarios a la ley para obstruir la licitación 001 de 2023, que tenía por objeto la expedición de libretas de pasaportes por un valor de 559.000 millones de pesos. Leyva no aceptó los cargos en la imputación del 9 de diciembre de 2025 y se declaró inocente.
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La firma Thomas Greg & Sons tenía el contrato de fabricación de pasaportes desde hacía 17 años y se presentó como única oferente en la licitación 001 de 2023, cumpliendo todos los requisitos técnicos exigidos. Sin embargo, en septiembre de ese año Leyva declaró desierto el proceso argumentando que solo había un único proponente, y rechazó además el recurso de reposición interpuesto por la empresa. Para la Fiscalía, esa secuencia no fue casual: el ente acusador señaló que hubo una «desviación de poder», pues Leyva reasumió la dirección del proceso «con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato».
Antes del juicio penal, la justicia disciplinaria ya lo había golpeado. La Procuraduría ratificó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años, concluyendo que su decisión de declarar desierta la licitación careció de fundamento legal y desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal. El
Thomas Greg & Sons reclama al Estado una indemnización de 117.000 millones de pesos. Para reemplazarla, el Gobierno decidió que la fabricación de pasaportes la asumiría la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal, decisión que generó críticas por la falta de capacidad técnica de la entidad, incluso desde adentro del propio gobierno. El juicio penal que arranca determinará si la defensa de Leyva, quien insiste en que actuó de buena fe para proteger el interés público, convence a la justicia.
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