Peculado por apropiación; INDER-Metroparques-CIAN Eventos; sobrecostos en uniformes, balones e implementos; contrato extendido de 2.5 a 26.5 meses
La Fiscalía General de la Nación acusó a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Medellín en el periodo de Daniel Quitero: Diana Paola Toro Zuleta, Jorge Enrique Liévano Ospina, María Eugenia Domínguez Castañeda y Mauricio Jaramillo Botero por hechos relacionados con la contratación de recursos del Presupuesto Participativo de Medellín durante 2020 y 2021. El delito calificado es peculado por apropiación.
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Los recursos fueron administrados por el INDER y trasladados a Metroparques, entidad que contrató a CIAN Eventos y Logística S.A.S., representada legalmente por Jaramillo Botero. La Fiscalía sostiene que los entonces funcionarios Toro Zuleta, Liévano Ospina y Domínguez Castañeda habrían intervenido para favorecer los intereses económicos de esa empresa.
El contrato interadministrativo 390 de 2020 comprendía 72 festivales deportivos, 593 eventos recreativos, 16 justas deportivas en 257 torneos, 80 torneos barriales, 252 grupos de cuadras recreativas y 421 puntos activos.
La Fiscalía cuestionó deficiencias en la estructuración: no se realizó adecuadamente el estudio previo, no existió justificación suficiente de precios y se utilizó invitación privada que restringió la participación. Los participantes tuvieron apenas un día hábil para presentar propuestas.
CIAN Eventos subcontrató organizaciones sociales para ejecutar actividades, generando una cadena de intermediación que incrementó costos. Además, algunos elementos como balones no cumplieron especificaciones del INDER, pero fueron recibidos a satisfacción.
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El contrato, inicialmente previsto para 2.5 meses, se extendió hasta 26.5 meses con modificaciones y adiciones. Valor final: $22.043 millones.
En uniformes, balones e implementos, las facturas se valoraron en $2.942 millones, pero la Fiscalía determinó un sobrecosto de $3.705 millones. Se atribuyó a Toro Zuleta y Liévano una presunta apropiación de $1.999 millones cada uno, a Domínguez Castañeda $3.705 millones, y a Jaramillo Botero $3.705 millones por cobros a Metroparques.
La acusación constituye la teoría del caso fiscal. En las siguientes etapas se debatirán pruebas y responsabilidad individual.
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