El alcalde de Rionegro apoya el cobro del impuesto, pero gremios como la ANDI y Fenalco lo rechazan
El 25 de noviembre de 2024, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, mostró su respaldo al controvertido impuesto de seguridad que propone el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Esta medida busca recaudar hasta $1,2 billones en los próximos tres años, con el objetivo de financiar proyectos de seguridad en el departamento.
El impuesto se cobraría a través de las facturas de servicios públicos y afectaría solo a los hogares de estrato 4. En promedio, las familias de este estrato verían un incremento de entre $9.000 y $15.000 en su factura mensual, mientras que los estratos 1, 2 y 3 quedarían exentos, lo que representa el 85% de los usuarios residenciales.
El apoyo de Rivas a la propuesta se basa en lo que considera un «notable abandono» por parte del Gobierno Nacional en materia de seguridad en Antioquia. Según el alcalde, es necesario tomar decisiones drásticas y generar recursos propios para mejorar la seguridad en la región. «En Rionegro le decimos sí a la seguridad», afirmó Rivas, quien argumentó que estos fondos permitirán la inversión en tecnología, logística y estrategias que fortalezcan la seguridad en todo el departamento.
Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por varios sectores. La Alcaldía de Medellín, Fenalco Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, la ANDI, y el partido Creemos han expresado su desacuerdo. Los opositores argumentan que la medida podría generar una carga económica adicional sobre los ciudadanos y las empresas, especialmente cuando la economía en Antioquia muestra cifras de crecimiento bajo o negativo.
Además, EPM, la empresa encargada de la facturación de servicios, ha señalado que el proyecto podría ser jurídicamente inviable, al considerar que vulneraría principios de legalidad tributaria.
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