El aumento del ocho por ciento en las muertes violentas demuestra en líderes que las medidas de seguridad actuales no son suficientes
El panorama de los derechos humanos en el país sufrió un duro revés al cierre del año pasado. Según el informe anual presentado por Indepaz, la violencia contra quienes ejercen liderazgos comunitarios creció un 8 %, alcanzando la cifra de 187 víctimas fatales. Este incremento refleja la difícil situación que enfrentan los defensores de territorios en comparación con el 2024, cuando se contabilizaron 173 homicidios, evidenciando que las estrategias de protección aún no logran frenar el accionar de los grupos armados.
El suroccidente del país se consolidó nuevamente como el foco rojo de esta problemática. El departamento del Cauca lideró las estadísticas con 40 casos registrados, mientras que Antioquia reportó 30 y el Valle del Cauca 17. Esta concentración de crímenes coincide con zonas donde las disputas por el control de rentas ilícitas y el poder local son más intensas, afectando especialmente a figuras como el joven Alan Josué Valencia, de 17 años, cuya muerte en Buenaventura conmovió al país en septiembre pasado.
La situación para los firmantes del Acuerdo de Paz tampoco presentó mejorías, pues los asesinatos en esta población ascendieron a 39 casos en 2025, ocho más que el año anterior. Norte de Santander fue la región más crítica para los excombatientes, debido a los fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, conflictos que terminaron en persecuciones directas contra quienes dejaron las armas.
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Desde Indepaz, se advirtió que el inicio del año electoral en 2026 podría agravar esta tendencia, ya que históricamente la violencia se utiliza como un mecanismo para reorganizar el dominio político en las regiones. El director de la organización, Leonardo González, enfatizó que el Estado mantiene una deuda pendiente en materia de prevención y justicia, asegurando que identificar las fallas institucionales es el único camino para garantizar que la defensa de los derechos humanos no siga costando vidas en Colombia.
