La demanda admitida por el alto tribunal sostiene que el Gobierno ignoró los indicadores técnicos de inflación y productividad
El alto tribunal administrativo dio vía libre al estudio formal de una demanda que buscó tumbar el decreto 1469, firmado por el presidente Gustavo Petro, el cual fijó un aumento del 23% para el salario básico de este año. La admisión del recurso quedó bajo el despacho del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien recibió la tarea de evaluar si el mandatario colombiano sobrepasó sus facultades al establecer una cifra que superó ampliamente los indicadores económicos tradicionales. El proceso judicial comenzó en medio de una fuerte controversia por el impacto que esta medida podría tener en la estabilidad financiera del país.
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Los demandantes argumentaron ante la Sección Segunda del Consejo de Estado que el Gobierno incurrió en una falsa motivación al emitir el decreto. Según el texto de la demanda, el Ejecutivo no presentó una justificación técnica basada en la ley colombiana, sino que sustituyó los parámetros habituales como la inflación, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto por una estimación de salario vital sugerida por la Organización Internacional del Trabajo. Para los accionistas, este cambio de reglas representó una desviación de poder, ya que el presidente habría ignorado los criterios que el Congreso definió para este tipo de ajustes.
En la demanda también se consignó que la decisión presidencial rompió con décadas de consensos históricos en la mesa de concertación salarial. El documento advirtió que un incremento basado únicamente en la reducción de brechas sociales, sin considerar la sostenibilidad microeconómica, impuso una carga desproporcionada sobre las empresas y el empleo formal. Por su parte, el presidente Petro defendió en su momento la medida como una obligación constitucional para garantizar la dignidad de los trabajadores y llamó a la movilización social para proteger el decreto frente a lo que calificó como bloqueos de los grandes capitales en el poder judicial.
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