El Ministerio de Trabajo ha sido enfático en que los derechos de los trabajadores del hogar son sagrados
El Ministerio de Trabajo ha intensificado la vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos laborales de las empleadas del hogar, recordando que el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales puede resultar extremadamente costoso para las familias empleadoras. Tras las recientes victorias jurídicas de este gremio, se ha ratificado que beneficios como la prima de servicios y el subsidio de transporte no son opcionales y su omisión genera sanciones automáticas.
Una de las consecuencias más graves para los empleadores que no están al día con sus trabajadoras es la aplicación de la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta norma establece que, si al momento de finalizar el contrato el empleador no paga los salarios y prestaciones debidos, deberá cancelar a la trabajadora una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retraso. En la práctica, una deuda pequeña de unos pocos meses puede convertirse en una obligación de millones de pesos si el caso llega a manos de un juez laboral.
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Además de las indemnizaciones directas a las trabajadoras, los empleadores se exponen a multas administrativas impuestas por el Ministerio de Trabajo. Estas sanciones pueden oscilar entre uno y cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la falta y de si el empleador es reincidente en el incumplimiento de sus deberes. Las autoridades han advertido que el desconocimiento de la ley, como pensar que por trabajar pocos días a la semana no se tiene derecho a prima, no exime del pago de estas multas.
La Ley 1788 de 2016 dejó claro que todas los empleados domésticas, sin importar si trabajan por días o tiempo completo, tienen derecho a la prima de servicios. Aquellos empleadores que por años han evitado este pago bajo la excusa de la informalidad, ahora enfrentan procesos donde se les exige el pago retroactivo más los intereses correspondientes. Los expertos recomiendan a los jefes de hogar formalizar la relación laboral y ponerse al día con los pagos pendientes para evitar que una demanda laboral termine afectando gravemente el patrimonio familiar.
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