El hijo del presidente Gustavo Petro estaría involucrado en un chanchullo con contratos de la Gobernación por cuenta de unos millonarios recursos
La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes la detención preventiva para Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la contratación pública del departamento.
En una audiencia en Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde argumentó la necesidad de la medida de aseguramiento intramural. Petro enfrenta cargos por interés indebido en contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Según la Fiscalía, desde 2021 Petro habría participado en una red corrupta para manipular la adjudicación de contratos entre la Gobernación del Atlántico (durante la administración de Elsa Noguera) y la Fundación Consciencia Social (Fucoso).
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Se habría asociado con su entonces pareja, Day Vásquez, y con funcionarios como el exsecretario general Raúl Lacouture, y particulares. La fiscalía señaló que el secretario departamental determinaba la elección de Fucoso “por solicitud expresa que se realizaba por usted, señor Nicolás Petro… Todo bajo su orden, conocimiento, instrucciones previas y provecho económico”.
Las autoridades sostienen que el objetivo de este entramado era desviar fondos destinados a la atención de adultos mayores en el Atlántico. La fiscal Laborde indicó que la influencia de Petro se ejercía a través de Vásquez, quien supuestamente presionaba a funcionarios para favorecer a Fucoso, describiéndolo como una “actividad ilícita en cadena”.
Este caso se suma a otro proceso que Nicolás Petro ya enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el cual está cerca de la etapa de juicio. De aprobarse la solicitud, el exdiputado quedaría en prisión preventiva.
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