Los bienes incautados a ‘El Mesa’ están ubicados en los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral y La Unión
En un contundente y significativo golpe contra el crimen organizado, la Policía de Antioquia ha ejecutado una operación de extinción de dominio que ha impactado directamente la infraestructura financiera del grupo criminal conocido como «El Mesa». La acción, destacada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se enfoca en debilitar la capacidad económica de esta peligrosa estructura.
La operación culminó con la ocupación de cinco inmuebles que forman parte del patrimonio ilícito de la banda, cuyo valor asciende a una cifra considerable de 3.500 millones de pesos.
Los bienes incautados no son propiedades cualquiera; están ubicados en puntos clave de la subregión del Oriente antioqueño, específicamente en los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral y La Unión.
De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación, estos predios cumplían una doble función esencial para la operación de la banda:
- Logística: Eran utilizados como centros para el acopio y tráfico de estupefacientes, facilitando la distribución de drogas en la región.
- Mando y Control: Servían como bases desde donde se coordinaban homicidios y otras actividades de alto impacto criminal.
Las autoridades han recordado que el grupo criminal «El Mesa» nació inicialmente en el Valle de Aburrá y posteriormente extendió su radio de acción al Oriente antioqueño con el objetivo de captar más rentas ilícitas y expandir su control territorial.
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Esta expansión ha traído graves consecuencias para la seguridad y convivencia de los habitantes de la subregión. La banda es identificada como la principal responsable de una cadena de hechos delictivos, tales como:
- Homicidios selectivos
- Microtráfico
- Desplazamientos forzados de ciudadanos
- Amenazas directas a líderes comunitarios
- Extorsión sistemática a comerciantes y residentes.
Tras la ocupación de los bienes, el gobernador Andrés Julián Rendón fue enfático en la necesidad de que la acción trascienda la mera incautación, pidiendo la eliminación total de los rastros de la criminalidad.
«¡Hay que derribar esos inmuebles! Que ningún símbolo de estos criminales quede en territorio Antioqueño», sentenció el mandatario, sugiriendo que la demolición de estas propiedades debe simbolizar la victoria del Estado sobre las rentas ilícitas y el terror.
La Policía de Antioquia y la Gobernación ratifican su compromiso con el desmantelamiento total de las finanzas de las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad del departamento.
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