Según los fallos de los jueces de restitución de tierras, entidades bancarias favorecieron mediante créditos hipotecarios el despojo de 248 propiedades en zona rural.
Particulares utilizaron a 15 bancos para adquirir predios en zonas de conflicto armado a bajo costo. Las sentencias judiciales ordenaron anular las hipotecas y restituir los predios a las diferentes víctimas.
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