La caída en los ingresos tributarios y las restricciones fiscales motivan una reducción en el gasto público
El Gobierno Nacional de Colombia enfrentará un ajuste presupuestal significativo para el año 2024, con un recorte provisional de $28,4 billones de pesos. La decisión fue tomada durante un consejo de ministros celebrado en la noche del martes 26 de noviembre, donde se abordaron las dificultades fiscales derivadas de la caída en los ingresos tributarios y la necesidad de cumplir con la regla fiscal, que establece límites en el déficit del Gobierno.
Este ajuste, aunque menor al inicialmente proyectado por el Gobierno, de $33 billones, refleja los esfuerzos por equilibrar las finanzas públicas ante una situación de urgencia. Según el Ministerio de Hacienda, la cifra final fue resultado de semanas de análisis, buscando no solo reducir el gasto, sino también garantizar que los sectores clave, como salud, educación y seguridad, no se vean desfinanciados en el proceso.
El recorte de $28,4 billones incluye $20 billones que previamente habían sido congelados por el desplome en el recaudo tributario de la DIAN, lo que ha agudizado las restricciones presupuestarias del Estado. Sin embargo, desde distintos sectores económicos y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se ha señalado que este ajuste podría no ser suficiente para cumplir con los compromisos fiscales, particularmente porque el déficit fiscal sigue siendo elevado. Según los cálculos de los expertos, aún sería necesario un recorte adicional de $31 billones, sumado a los $33 billones iniciales, para cumplir con los objetivos fiscales del Gobierno.
El Ministerio de Hacienda ha dejado abierta la posibilidad de realizar ajustes adicionales en los próximos meses. Una de las estrategias para alcanzar las metas fiscales es la «pérdida de apropiación», un mecanismo que permite reducir el presupuesto cuando los recursos no son ejecutados antes del 31 de diciembre. Esto implica que ciertos fondos que no sean comprometidos en el año fiscal se pierdan automáticamente, contribuyendo al ajuste de las cuentas.
Un ejemplo claro de este fenómeno es el sector educativo, que reporta $800.000 millones sin comprometer, destinados a infraestructura para la educación superior pública. La baja ejecución de estos recursos podría ser utilizada para aliviar las presiones fiscales, aunque esto también ha generado preocupación en algunos sectores que temen que la falta de ejecución termine afectando proyectos clave para el desarrollo del país.
Este recorte es solo una parte de los esfuerzos del Gobierno por contener el déficit fiscal y cumplir con los compromisos internacionales. El Gobierno Nacional sigue enfrentando retos importantes para balancear las finanzas públicas sin comprometer el bienestar de los ciudadanos, especialmente en áreas sensibles como la salud y la educación.
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