Fiscalía imputa a exministra María Isabel Urrutia: más de 4.900 millones en el ojo del huracán
La Fiscalía General de la Nación imputó a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato de 4.950 millones de pesos, destinado a la implementación de un sistema de validación nacional para el ingreso a los estadios de fútbol. La diligencia tuvo lugar ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, quien evaluará los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Este contrato fue amparado bajo el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022, que instruyó al Ministerio del Deporte a desarrollar un software que vinculara la identidad de los aficionados con sus boletas y permitiera la verificación de antecedentes para aplicar restricciones de ingreso a los estadios. La investigación, a cargo de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, sostiene que Urrutia habría obviado los procedimientos de selección del contratista requeridos por ley, eligiendo un contratista de forma directa en lugar de convocar una licitación pública para asegurar la concurrencia de oferentes.
Además, los elementos probatorios indican que la exministra habría intentado adjudicar el contrato mediante intermediarios, imponiendo la condición de subcontratar a una persona previamente acordada para quedarse con el proyecto. De acuerdo con la Fiscalía, Urrutia habría ignorado al menos tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las posibles irregularidades, suscribiendo el contrato con una entidad pública el 30 de diciembre de 2022. La investigación también señala que se añadieron avales de funcionarios que no participaron en el proceso, y que se omitieron estudios de mercado y análisis de costos, determinando un valor contractual de 4.950 millones de pesos sin justificación adecuada.
Finalmente, la Fiscalía señala una discrepancia entre el objeto del contrato autorizado y el objeto ejecutado. El Decreto 1622 facultaba a la exministra para contratar el «Diseño e implementación del sistema de validación nacional», pero lo contratado correspondía únicamente al análisis de dicha implementación. Esta diferencia habría dado lugar a cargos de falsedad en documento público, al plasmar en los estudios previos y en el acto administrativo hechos que presuntamente no correspondían a la realidad.
La investigación sigue en curso.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) November 21, 2024
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