Aproximadamente 5200 personas han invadido el predio de la Hacienda Santa Helena, ubicado en Caucasia, desde el pasado Domingo de Ramos en la Semana Santa. Pero, este lote está en proceso de extinción de dominio, por lo cual pertenece a la Sociedad de Activos Especiales del estado (SAE).
Aunque se había iniciado un proceso de “acción preventiva por perturbación de la posesión y recuperación de inmueble ocupado”, lo que significa un procedimiento por parte de la fuerza pública en el predio para desalojar a las personas que invadieron el lugar en cuestión, la SAE decidió desistir de esta solicitud y frenar el proceso.
La decisión se tomó, según la Sociedad de Activos Especiales, debido a “la potencial afectación de los derechos fundamentales de la población vulnerable que tiene asiento en el inmueble (aproximadamente 5200 personas, entre mujeres, adultos mayores, menores de edad y víctimas del conflicto) ante un eventual desalojo”, es decir, que proceder con apoyo de la Policía para el desalojo podría poner en riesgo a la población vulnerable que se ha asentado en el predio.
Por petición de la SAE, el predio ya no será desalojado en un procedimiento de la Policía
Ante esta decisión el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró su indignación y dijo en su cuenta de X que “avalar vías de hecho lo que hace es socavar el Estado de Derecho. Tenemos la obligación de dar soluciones sociales para la población vulnerable pero NO con la violación a la propiedad privada”, además, aseveró que sería un antecedente para el país, pues ya se tenía instalado el Puesto de Mando Unificado para iniciar la recuperación del terreno.
Por su parte, en la solicitud, la SAE también afirma que se debe garantizar el debido proceso con las personas involucradas en la invasión, “la limitación del empleo de la fuerza, así como la comunicación previa de la acción, que permitan a la población vulnerable que tiene asiento en el inmueble objeto de la medida de desalojo preparar la logística o entrega voluntaria del inmueble”, por ello, no descarta la debida entrega del inmueble, pero por medio de otros mecanismos como la entrega voluntaria y el diálogo.
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