La guía recalca que el consumo de drogas se debe abordar desde un enfoque de derechos humanos, salud pública y respeto a la diferencia
En las últimas horas, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, emitió el protocolo para que las autoridades locales regulen el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos.
La misiva dirigida a Gobernadores, Alcaldes y a la Fuerza Pública, hace énfasis en que la coerción del estado deberá estar únicamente basada sobre aquellas personas que estén traficando todo tipo de sustancias y que como tal, representen un nicho económico basado en las rentas criminales, toda vez que, a los consumidores de drogas deberá tratárseles con todas las garantías civiles y métodos disuasivos, diferenciando el porte de la dosis mínima con el delito de porte y tráfico de estupefacientes.
Es así como el Ministro de Justicia presentó la guía en la que se indica cómo debe ser el proceder en el ejercicio de la actividad policial y en la aplicación de la normatividad, teniendo en cuenta el momento del día, el modo o las circunstancias, siempre buscando la aplicación de medidas preventivas o pedagógicas frente a los consumidores.
Dicho protocolo fue creado además, en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional y las recomendaciones planteadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su 54° periodo de sesiones y expuestas en el documento «Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas».
“Se trata de una guía que no es vinculante para que las administraciones locales, a lo largo del país, tengan en cuenta circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que pueden restringir ese consumo en algunos espacios de especial valor cultural e histórico para la comunidad, como parques, escenarios educativos, de recreación, de reunión de familias, entre otros”, Manifestó el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño.
Finalmente los alcaldes y las autoridades de Policía deberán adoptar alternativas a la penalización, la ‘tolerancia cero’ y la supresión de las drogas, para así tomar el control de los mercados ilegales adoptando una normativa responsable.
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia le permite a las autoridades regular la prohibición del consumo dentro de la autonomía y competencias legales, pero con el nuevo protocolo deberán atender lo dispuesto en la sentencia C127 del 2023, que ordena hayan garantías y se le respeten los derechos a los consumidores.
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