En uno de los casos, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de concusión para los patrulleros Juan Antonio Mejía Serrano y Luis Alberto Fernández Pelufo.
Según la investigación, ambos procesados, en mayo de 2021, habrían exigido una cantidad de diez millones de pesos a un comerciante, a cambio de no capturarlo por ser un presunto hackeador y clonador de tarjetas.
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De acuerdo con la Fiscalía, este hombre, minutos antes de ser abordado, había retirado más de 30 millones de pesos en cajeros electrónicos del barrio Laureles, lo que habría motivado a los patrulleros a proceder al presunto chantaje.
La defensa de Mejía Serrano y Fernández Pelufo apeló la decisión en primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín
En un segundo caso, la Fiscalía apeló la decisión de un juez de control de garantías de Medellín quien dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros dos patrulleros de la policía: Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñet, al parecer, implicados en un eventual hecho de corrupción.
Ambos son investigados por el delito de concusión, pues le habrían exigido a una persona un pago de dos millones de pesos por devolverle una motocicleta que ellos mismos le habían inmovilizado en San Antonio de Prado en febrero de este año.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública señaló a los procesados como los posibles responsables de realizar la exigencia económica ilegal.
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