Solo el 15% de los caficultores denuncian las llamadas extorsivas a las autoridades
Entre los municipios con mayores niveles de extorsión aparecen Ciudad Bolívar, Anzá, Barbosa, Montebello y Nariño, donde las tasas del delito oscilan entre 25 y 65 casos por cada 100.000 habitantes. En estos territorios, el fenómeno funciona como un “impuesto criminal” que afecta no solo a los caficultores, sino también a cooperativas y transportadores vinculados a la cadena productiva, según los investigadores del Politécnico Grancolombiano, quienes además, señalan, que el delito se ha intensificado especialmente en municipios del occidente y suroeste antioqueño, donde la caficultura es una de las principales actividades económicas de las comunidades rurales.
Según el informe, los grupos armados han encontrado en la producción cafetera una fuente constante de ingresos ilegales. Las presiones se ejercen a través de llamadas intimidatorias, cobros por hectárea cultivada o por cada carga de café producida, e incluso mediante el control de las rutas utilizadas para transportar el grano.
Los investigadores advierten que el riesgo aumenta en zonas donde coinciden varios factores: antecedentes de conflicto armado, baja presencia institucional y presencia de economías ilícitas. Cuando estas condiciones se combinan con la actividad cafetera, se generan escenarios propicios para la expansión de la extorsión.
A esto se suma el bajo nivel de denuncias. El estudio indica que menos del 15% de los productores afectados se atreve a acudir ante las autoridades, principalmente por temor a represalias, este silencio, señalan los expertos, facilita que el delito continúe creciendo en las zonas rurales.
El estudio concluye que, Antioquia enfrenta un desafío urgente, fortalecer la presencia del Estado y las estrategias de seguridad en los municipios cafeteros para evitar que la extorsión siga afectando la economía rural y la estabilidad de las comunidades productoras de café.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) March 12, 2026

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